DESDE ANDALUCÍA

Hace poco que se cumplió un año de la llegada de Susana Díaz a la presidencia de Andalucía y procede hacer balance de este nuevo tiempo que ha iniciado en el socialismo andaluz. Su liderazgo se asentó por primera vez sobre el resultado de un proceso de primarias abiertas a toda la militancia socialista. Fue una decisión voluntaria impulsada por ella, puesto que en los territorios donde se ejerce la responsabilidad de gobierno como es el caso andaluz, no es preceptivo hacer primarias para elegir candidata o candidato si no se decide expresamente.

            Este gesto da la medida del pulso que tiene tomado a la realidad, siendo consciente de que un nuevo tiempo necesita de las maneras de la nueva política. Quiso llegar a la presidencia mediante un proceso abierto y participativo y logró recabar el apoyo de cerca de 23.000 compañeras y compañeros, más del cuádruple del siguiente aspirante en esta novedosa competencia por ejercer el liderazgo. Quienes cuestionan el proceso porque no se celebró votación, están despreciando a la abrumadora mayoría de hombres y mujeres del socialismo andaluz que depositaron su confianza en ella.

            El proceso ha servido para un relevo generacional en la dirección del partido mayoritario de la izquierda en Andalucía, que se ha anticipado a su tiempo también en esto. El paso a primera línea de personas jóvenes y con experiencia, está en consonancia con los seguidos posteriormente por el Rey Felipe VI en la Jefatura del Estado y Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. El PP de Rajoy ha quedado fuera de juego, representa un pasado con olor añejo y rancio, que necesita ser superado por estar anclado en la vieja política.

            En una España teñida de azul, desde Andalucía se gobierna mediante un pacto entre dos fuerzas políticas de izquierdas, para desarrollar su acción de gobierno con arreglo a un programa resultado de su capacidad de diálogo y compromiso. La prioridad de la acción está siendo el empleo. Crear las condiciones para que las empresas tengan a favor generar riqueza en un contexto económico muy desfavorable. reducir trabas burocráticas para emprender, alcanzar acuerdos para atraer inversión productiva a Andalucía, junto con iniciativas para impulsar la construcción sostenible, la agricultura y el turismo, son ejemplos de este compromiso.

            El mantenimiento de los servicios públicos del Estado social es la segunda línea central para el Gobierno que preside Susana Díaz. En tiempos en los que la crisis golpea con especial dureza a las clases trabajadoras, se hace más necesario sostener el sistema solidario de garantía de derechos como la educación, la sanidad y las prestaciones sociales. La gratuidad de los libros escolares, el mantenimiento de la cartera de servicios sanitarios y el compromiso de atender a las personas dependientes a pesar de los recortes de Rajoy, demuestran que es posible otra política desde Andalucía.

            El tercer eje del pacto de gobierno es la regeneración democrática. Se está realizando una labor de revisión de los procedimientos administrativos, para tomar medidas que impidan que se vuelvan a producir abusos por parte de corruptos indeseables. Se ha aprobado la Ley de Transparencia y está en trámite la Ley de Participación Ciudadana, para profundizar en la calidad de nuestra democracia, para lograr un mayor control ciudadano sobre la política y empoderar a la ciudadanía más allá del ejercicio democrático de votar cada cuatro años.

            Y todo esto a pesar del maltrato al que el Gobierno del Partido Popular está sometiendo a Andalucía. Los más de 8.000 millones de euros que andaluzas y andaluces dejamos de percibir son un castigo político intolerable, que pone en serias dificultades abrir cada día nuestros colegios, nuestros hospitales y atender a nuestras personas en situación de dependencia. Mientras tanto el débil liderazgo de la derecha andaluza, se comporta servilmente guardando silencio cómplice ante esta agresión insoportable. No quieren testigos incómodos que demuestren que es posible gobernar de otra forma, que es posible poner todo el esfuerzo en crear riqueza y al tiempo ser solidario ante la adversidad  que sufre la gente. 

            Sabemos que no va a ser fácil la tarea comenzada, como estamos convencidos de que Susana Díaz va a poner todo su empeño en corregir con mano firme los errores del pasado caiga quien caiga, en gobernar el presente para sostener la protección que supone el Estado social y en trabajar para que caminemos juntos hacia un futuro que genere esperanza en las personas, que no deje atrás a nadie y que demuestre que es posible una salida justa de la crisis desde Andalucía.

Publicado en La Opinión de Málaga el 19 de octubre de 2014.

SABEMOS

La filosofía es lo contrario del sentido común, de la evidencia por tradición. Su destino consiste, precisamente en perforar dicho sentido común, escribía Ortega y Gasset en ¿Qué es filosofía? El pensamiento crítico es lo menos parecido a eso que llaman el sentido común, que habitualmente se refiere a interpretaciones de la realidad asentadas en la conciencia colectiva por los poderes dominantes y que tiene una intención de conservar el statu quo establecido.

            Desde este punto de vista la conocida frase que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, no alude a la escasez de entendimiento del ser humano. La inteligencia y la memez son transversales. Quizás son una de las pocas cosas que están repartidas con justicia en todas las posiciones sociales. Más bien hace referencia a que cada cual tiene su manera de entender el sentido de las cosas y por tanto su pretensión de que sea norma común para la comunidad. Este juicio de sensatez y virtud de las normas está condicionado por nuestra escala de valores, por nuestra manera de entender las relaciones humanas y los comportamientos con los demás.

            Eso que conocemos como ideología es el marco mental con arreglo al cual entendemos el mundo y nuestra relación con el entorno social, político y económico. Nos sirve para dar coherencia ética a nuestras acciones y para estructurar nuestro pensamiento. En política es especialmente relevante, porque no basta con la indignación ante una realidad que nos disgusta, sino que es necesario un marco ideológico si queremos elaborar un programa de acción política coherente y compartido por otros que sienten y piensan de igual manera sobre la libertad, la justicia, la igualdad.

            La irrupción una nueva fuerza política emergente se nutre de una suerte de sentimiento común, el de la indignación ante una crisis económica que golpea duramente a las clases medias y de la que tenemos la sensación de sufrirla con una enorme injusticia en el reparto de los sacrificios. Su virtud ha sido entender muy bien los mensajes de ciudadanas y ciudadanos que participaron en las asambleas del 15M. En estos debates la agenda política de temas que se abordaban era fundamentalmente progresista y de izquierdas. Sin embargo, el mensaje de su líder huye deliberadamente del posicionamiento ideológico izquierda-derecha, se instala en la transversalidad en un intento de abarcar todo el espectro político para extender al máximo sus redes, con un único elemento común bastante antipolítico calificando a los demás partidos de casta.

            La hora de la verdad en política llega en el momento de ofrecer a la ciudadanía un programa de acción transformador, que resuelva sus problemas con soluciones viables desde el conocimiento de las políticas públicas y con capacidad suficiente para aglutinar alrededor una amplia mayoría con fuerza para lograr hacerlo posible. Estos objetivos son difícilmente alcanzables sin una organización que se defina ideológicamente, sin una experiencia en sus cuadros que acredite su capacidad técnica y política para gobernar y sin una capacidad para establecer alianzas transnacionales en la Unión Europea.

            La socialdemocracia española dejó pasar el 15M sin darle la importancia que merecía. En sus asambleas participó mucha gente progresista que hablaba, debatía y proponía sobre transparencia, democracia, exigencia de responsabilidades, justicia en el reparto de esfuerzos, límites a los poderes del dinero, defensa de la sanidad universal, de la educación pública, de la atención a la dependencia, la necesidad de una economía para las personas y no de un sacrificio de los débiles para la economía. Esos son los temas que preocupan a la ciudadanía y que requieren una respuesta desde la izquierda transformadora.

            En el PSOE estamos inmersos en un proceso de renovación de las personas que dirigen el partido, de las propuestas programáticas para salir de la crisis y de los modos de relacionarnos con la ciudadanía, impulsado por el recientemente elegido en primarias como secretario general Pedro Sánchez. El decálogo de medidas económicas presentado recientemente, la propuesta de una renta básica para parados sin prestación, la limitación de mandatos y aforamientos, son ejemplos de que se está entendiendo el mensaje. Nosotros extendimos la sanidad y educación universales como derechos, el sistema de atención a la dependencia, las pensiones no contributivas. Se trata de actualizar las políticas para que el Estado social siga siendo posible. La socialdemocracia está presente en toda Europa y tiene capacidad si actúa unida para cambiar la política económica austericida. Somos una fuerza política cargada de valores progresistas, con personas de acreditada solvencia en la gestión pública y con fuerza para un proyecto europeo. En el partido socialista no sólo podemos, sabemos.

Publicado en La Opinión de Málaga el 7 de septiembre de 2014.

TODOS SOMOS DEPENDIENTES

En el Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea en 2030 presidido por Felipe González, se alertaba sobre el fenómeno demográfico del progresivo envejecimiento de la población y el impacto de esta realidad sobre los sistemas sanitario y de protección social. En el Libro Blanco elaborado en 2004 se apuntaba la necesidad de implantar un Sistema Nacional de Dependencia para una mayor racionalización del gasto sanitario. Los informes de la OCDE sobre la materia van en la misma línea argumental, indicando que la carencia de un sistema de atención a las personas dependientes supone un coste de oportunidad considerable, por la presión de las necesidades asistenciales de este colectivo sobre los sistemas nacionales de salud.

            Atender a las personas en situación de dependencia no es una opción sino una necesidad de primer orden. El factor que más influye en que una persona pueda ser dependiente es la edad y nuestra demografía muestra que somos un país con una población mayor de 65 años muy numerosa, a la que no podemos abandonar a su suerte.

La puesta en marcha nuestro sistema público para atender a este colectivo especialmente vulnerable y a sus familias, en aplicación de la Ley de Dependencia que entró en vigor en enero de 2007, supuso un avance para la sociedad española en la línea de los países de la Unión Europea de cara a la construcción del denominado cuarto pilar del Estado de bienestar. El balance de la implantación del sistema podemos calificarlo de positivo. Los datos cuantitativos son elocuentes, más de 724.000 personas dependientes atendidas, sobre todo personas mayores de 65 años, de ellos el 74% mayores de 80 años y tres cuartas partes mujeres; 150.000 nuevos empleos directos y 50.000 indirectos, convirtiéndose en uno de los motores del cambio hacia una nueva economía sostenible. En lo cualitativo hemos pasado de un modelo asistencial a un sistema de derechos, más profesionalizado y de calidad; hemos logrado una armonización de la atención a las personas dependientes, con independencia del territorio de residencia; y finalmente, el sistema ha sido capaz de atender a las personas en todos los entornos, rurales y urbanos.

            Todo esto está en grave griesgo hoy con los recortes en la financiación del sistema por parte del Gobierno de España, que vienen a comprometer seriamente el futuro de la atención a las personas dependientes. El Ministerio de Ana Mato se retira del compromiso de financiar su 50% del sistema, obligando a las Autonomías como Andalucía a sostener con su propio presupuesto el 76% de los costes de su mantenimiento. Los recortes de Rajoy suponen disminuir drásticamente la cuantía de prestaciones, reducir la capacidad de sostener financieramente el sistema para los que tiene sus prestaciones reconocidas y la paralización de la aplicación de la Ley para el colectivo de personas con Grado I dependientes moderados.

            Es una infamia abandonar a su suerte a los miles y miles de personas dependientes y sus familias. Dejar de atender a una población que a medida que pasen los años, si mantenemos la esperanza de vida actual, se incrementará notablemente. Personas vulnerables que dependerán de su posición socioeconómica para saber si vivirán su vejez dignamente o no. Tanto tienes tanto vales. Tanto tienes tanto te vales de alguien para que te atienda cuando tú ya no puedes.

            Pero además de ser una infamia, estos recortes no son nada inteligentes. Son inútiles porque lejos de ahorrar gasto público incrementan los costes de la atención sanitaria y son ineficientes porque destruyen empleo estable de calidad en un sector de actividad no deslocalizable. Según un reciente estudio de Antares Consulting actualmente existen 5.281 camas en hospitales generales de agudos dedicadas a pacientes que podrían beneficiarse de una atención alternativa de carácter sociosanitario, lo que supondría un ahorro de 1.500 millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud. En materia de empleo, en el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, se estima que si el Estado mantuviese sus compromisos de financiación sin recortes se podrían crear 55.000 empleos nuevos. Hay que tener en cuenta que por cada millón de euros invertidos en dependencia se crean 30 puestos de trabajo estable, frente a los 17 de la obra pública. De cada euro invertido en dependencia el Estado recupera 40 céntimos por la vía fiscal y de cotizaciones sociales. Por tanto estamos ante medidas poco inteligentes para la economía. Nos gobiernan contables sin alma y bastante incompetentes. 

            Se hace en definitiva necesario un debate riguroso y serio sobre la Ley de Dependencia. Sin duda hay aspectos de la gestión que podemos y debemos mejorar, pero el balance ofrece más aspectos positivos de cara al futuro que las dudas que pueda plantear. Todos somos dependientes, estamos vinculados unos con otros en una interdependencia social, económica y política. Merece la pena hacer un esfuerzo colectivo como sociedad, para defender la atención solidaria a estas personas en condiciones de igualdad, para protegerlas ante la caprichosa lotería de la adversidad de la que todos podemos llevar algún número aunque todavía no lo sepamos.

Publicado en Publicoscopia el 29 de agosto de 2014.

UN TAL PEDRO SÁNCHEZ

En Fuego y Cenizas Michael Ignatieff relata su experiencia en la primera línea, cuando asumió en tiempos difíciles el liderazgo del partido liberal canadiense. El fuego de la carrera política de este intelectual al frente de un partido históricamente vertebral para su país, terminó hecho cenizas tras sufrir la peor derrota de su historia. En el capítulo final lanza un mensaje esperanzador. Lejos de destilar amargura, defiende la política como un ejercicio noble, útil y necesario, la eterna propuesta progresista: compartir nuestro destino y vivir justamente unos con otros. Una llamada a los jóvenes que vendrán, más decididos, más valientes y más dedicados, para que respondan a los desafíos de su tiempo.

            La situación guarda enorme paralelismo con la que vive el partido socialista en España. Una organización política con 135 años de historia en los peores momentos de nuestra etapa democrática. En una sociedad de mayoría progresista, un gobierno de la derecha ha demostrado su incompetencia para resolver los graves problemas de la economía y el empleo, siendo sin embargo implacable en su afán demoledor del Estado de bienestar, mientras elección tras elección el PSOE pierde votos. Un profundo sentimiento de necesidad de renovación se ha instalado entre  militancia socialista y votantes desencantados. Hemos iniciado un proceso democrático en el que el único poder será el del valor de un militante y su voto libre y secreto. Quien conecte mejor con los sentimientos, deseos y reflexiones del conjunto de la militancia será el elegido como Secretario General.

            En tiempos de adversidad sólo transmite confianza quien alberga en sí la fuerza y la voluntad para superar con su trabajo las dificultades. En tiempos que exigen cambios profundos para reinventarse, sólo puede ofrecer renovación quien no tiene mochila por no haber formado parte de la anterior dirección. El candidato Pedro Sánchez reúne ambas cualidades. Es un militante de base que ha construido su candidatura desde la base, viajando por todas las agrupaciones en su coche, escuchando y hablando con miles de socialistas, alojándose en sus casas y compartiendo su hogar. Ha estado siempre disponible y dispuesto para colaborar con los encargos del partido, la última vez en la pasada Conferencia Política, sin formar parte de la ejecutiva saliente y con distancia para hacer una reflexión crítica sobre nuestro pasado más reciente.

            Pedro se ha ganado el derecho a ser escuchado, por su trabajo, ilusión y ejemplo ético a lo largo de su biografía. Doctor en económicas y profesor de universidad, preparado y con experiencia profesional fuera de la política, profesa la política como vocación pero no es su profesión en la vida. Es un militante socialista y ciudadano comprometido con su partido y con su país. Y tiene mucho que decir.

            Propone una regeneración profunda de la política española haciendo los cambios que la gente reclama. Limitar los mandatos, poner fin al aforamiento de cargos públicos y suprimir indultos a políticos condenados por corrupción, eliminar las donaciones privadas a partidos superiores a 2.000 euros, desbloquear las listas para que la ciudadanía aumente su capacidad de seleccionar a sus representantes y las primarias abiertas para elegir candidatas y candidatos.

            Propone reformar la Constitución con amplio consenso y amplio apoyo ciudadano en referéndum, una solución federal para unir España en su diversidad, la colaboración entre Estado y Comunidades Autónomas garantizando financiación suficiente para atender servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, incorporar nuevos derechos de ciudadanía en su texto como la atención a la dependencia y la erradicación de la exclusión social.

            Propone una reforma fiscal progresista en la que paguen más los que más tienen, sin lugar a que las empresas tributen en paraísos fiscales, persiguiendo implacablemente el fraude fiscal. Una política económica que defina a qué queremos dedicarnos para crear más y mejor empleo en una economía global, potenciando sectores en los que somos altamente competitivos como el turismo, la cultura, el agroalimentario y las energías renovables.

            Una sociedad que recupere la esperanza en que juntos podemos hacer del futuro un lugar mejor donde vivir. Un proyecto colectivo ilusionante, para una España laica, moderna, con valores republicanos, feministas y defensora del medio ambiente. Pedro Sánchez está comprometido con miles de mujeres y hombres progresistas en este propósito para el PSOE y para España, el de hacer renacer el socialismo de sus propias cenizas cuan ave Fénix.

Publicado en La Opinión de Málaga el 5 de julio de 2014.

REPUBLICANISMO

       Si la Ley que hace una comunidad de hombres libres está guiada por la virtud cívica, será una Ley que defienda y exprese el bien común y el interés general. No será una Ley bajo la que determinadas minorías y algunos hombres poderosos defiendan mejor sus intereses particulares, sino una Ley que impida que unos hombres imperen sobre otros hombres…La república de la libertad empieza allí donde acaba la tiranía de la necesidad. Estos son los rasgos característicos del republicanismo cívico expresados por el profesor Andrés de Francisco en su libro La mirada republicana. Más allá de la cuestión formal de cómo designar al Jefe del Estado, lo sustancial es qué función debe cumplir el Estado y cómo debe ser la relación de ciudadanas y ciudadanos con él para garantizar su libertad.

       No es tanto la forma de gobierno en definitiva, como la forma de gobernar. Para el republicanismo democrático el Estado debe estar socialmente orientado, con políticas que nos protejan de la tiranía de la necesidad que acecha siempre, pues todos jugamos sin saberlo números en la cruel lotería de la adversidad. El desempleo, una enfermedad, una catástrofe natural, pueden arruinar nuestra vida si no existe un sistema de protección solidario que nos proporcione seguridad y confianza. Decía Stuart Mill que lo mismo da encarcelar a los hombres que privarles de los medios de ganar su pan y no le faltaba razón. La pobreza y la exclusión social son armas de destrucción masiva de la libertad.

       El otro gran enemigo de la libertad es el ejercicio abusivo del poder, de todo tipo de poder, ya sea político, económico o ideológico. Al igual que Ulises en La Odisea pidió a sus compañeros que lo atasen al mástil del barco para no sucumbir al canto de las sirenas, el poder necesita ataduras que protejan nuestra libertad ante la tentación de su uso arbitrario y abusivo por quien lo ejerce. Las instituciones democráticas y las leyes deben cumplir esta finalidad. Por eso el poder político debe estar dividido funcional y territorialmente, para evitar la acumulación excesiva sin contrapoderes. Por eso el poder económico tiene que estar regulado, para que no se produzca un abuso de la posición dominante que elimine la competencia y las bondades de la economía de mercado. Por eso tienen que existir medios de comunicación en número y variedad tal que expresen el pluralismo ideológico que existe en una sociedad de individuos libres.

       Hoy el huracán de esta terrible y prolongada crisis económica nos ha abierto los ojos sobre el estado de nuestra democracia. La percepción de una mayoría de la ciudadanía es la de un edificio enfermo, con enormes fallos estructurales en la mayoría de las instituciones que lo sustentan. En política la realidad está hecha sobre la base de las percepciones que se instalan en la gente y ante este estado de ánimo generalizado algunos proponen derribar el edificio para construir uno nuevo idealmente perfecto. El problema es que olvidan algo muy importante, que vivimos personas dentro. Desde el populismo se ofrecen soluciones que, o bien son respuestas imposibles a problemas reales, o bien ocultan deliberadamente el sufrimiento que ocasionarían en la mayoría de la ciudadanía sus recetas aparentemente benéficas.

        Ante este estado de cosas mi propuesta es que hagamos reformas inteligentes, que sean posibles de realizar para no añadir más sufrimiento y frustración a una sociedad tan castigada por el desempleo y el empobrecimiento generalizado, que busquen grandes acuerdos para repartir las cargas de la crisis con justicia y que nos encaminen hacia un propósito esperanzador que nos devuelva la confianza en un futuro mejor. Un nuevo tiempo político exige la altura de miras de no limitarnos a un aspecto parcial de nuestra Constitución, la designación del Jefe del Estado, sino emprender una profunda reforma que actualice nuestra norma de convivencia fundamental. Si como decía Thomas Jefferson en su célebre carta a James Madison cada generación tiene derecho a su propia constitución, es el momento de asumir nuestra responsabilidad como lo hizo la generación de nuestros padres en la Transición española.

         Tres ejes deben centrar a mi entender los debates en torno a la reforma constitucional. En primer lugar el Estado social, con la inclusión del derecho a la vivienda y a una renta básica como derechos fundamentales, que impidan la exclusión social y la pobreza extrema. En segundo lugar el Estado democrático, introduciendo reformas en la ley electoral para acercar representantes a representados, transparencia en el ejercicio del poder y limitación de mandatos, así como la cuestión de la designación del Jefe del Estado y el régimen jurídico al que debe estar sometido. En tercer lugar el Estado autonómico, desde una propuesta federalista que resuelva la financiación suficiente de las autonomías para atender los servicios que prestan, las competencias que deben asumir en función de la eficiencia que proporciona la cercanía y con un Senado como verdadera cámara territorial para promover la colaboración.

       Se trata de un republicanismo que empodere políticamente a la ciudadanía. De un republicanismo que fortalezca los poderes democráticos ante los oscuros poderes del dinero que amenazan nuestra libertad. De un republicanismo que sirva entre otras cosas para someter la economía a reglas que coloquen a las personas y sus necesidades en el centro de atención. Hay un joven economista que aspira a ser Secretario General del PSOE que habla de ello, se llama Pedro Sánchez, pero de eso les hablaré en otro artículo. Hasta entonces, salud y república querido lector.

Publicado en La Opinión de Málaga el 2 de julio de 2013.

EUROPA HUÉRFANA DE LIDERAZGO

“Aquellos impedimentos –la fraternidad de los socialistas, las finanzas, el comercio y otros factores económicos-, de los que se había dicho que harían completamente imposible una guerra, no funcionaron tal como se había confiado cuando llegó el momento de la verdad. El espíritu nacionalista los barrió”. Estas palabras pertenecen al libro de Barbara Tuchman Los cañones de agosto con el que ganó el prestigioso premio Pulitzer, uno de los libros imprescindibles para comprender la Europa de 1914 y la Primera Guerra Mundial.

            Cien años nos separan de aquellos acontecimientos, pero los europeos parecemos no haber aprendido la lección. El plomo que barre vidas a diario ya no es el de las balas disparadas desde las trincheras, sino una crisis económica brutal que está sumiendo en el dolor y la desesperanza a millones de ciudadanas y ciudadanos de una Europa que se creía segura y próspera de por siglos. Han conseguido que olvidemos que la crisis económica tuvo su origen en un engaño financiero al otro lado del Atlántico que explosionó con la quiebra de Lehman Brothers. Las fichas de dominó de la banca fueron cayendo vertiginosamente en unas finanzas hiperglobalizadas y altamente desreguladas.

            Los gobiernos se vieron obligados a intervenir, a endeudarse para hacer frente al destrozo originado por el sector financiero. La burbuja de deuda privada que hizo ricos a unos pocos, estalló de repente en nuestras caras generando una deuda pública inasumible en el intento de mitigar los daños sobre la ciudadanía. Europa se la jugó en mayo de 2010 con la crisis de la deuda griega. Pudo elegir entre una respuesta contundente, solidaria e inequívoca, que generase confianza y respeto ante los mercados financieros, y un sálvese quien pueda, en el que cada país quedase abandonado a su suerte para resolver la papeleta.

            Desgraciadamente se impuso esta última opción, caímos en la trampa nacional de pensar que en una economía altamente globalizada, con una moneda común y un Banco Central que limitan la soberanía de los gobiernos sobre su política económica, era posible dar respuesta al problema de la crisis país a país. Y lo hicimos dividiendo y enfrentando, países ricos frente a países pobres, el norte liderado por Alemania y el sur con su estigma de manirrotos en los tiempos de la abundancia.

            Europa hoy más que nunca no es una opción, es una oportunidad y diría que una necesidad para afrontar los problemas del presente y participar en el diseño del mundo del futuro a escala global. Como señala Dani Rodrik en su libro La paradoja de la globalización, la amenaza para la democracia en una economía hiperglobalizada es no contar con instituciones transnacionales que regulen las finanzas y el comercio, garantizando la libre competencia, los derechos ciudadanos y la cohesión social. La Unión Europea es el espacio propicio para avanzar en este camino, es el modelo pactado entre el liberalismo social y la socialdemocracia para desarrollar una economía social de mercado y que ahora se está quebrando bajo el mantra de una pretendida austeridad asesina. Sin salarios dignos, sin protección social, sin capacidad económica para consumir lo que se produce por parte de una amplia base ciudadana, no es viable una economía de mercado basada en el libre intercambio de bienes y servicios.

            Es necesario repensar el Estado de bienestar, hacerlo viable por la vía de una mejor gestión de las políticas públicas que lo hacen posible y mediante una fiscalidad justa que asegure su financiación. Thomas Piketty ha puesto el dedo en la llaga, es necesaria una fiscalidad transnacional dado que los capitales circulan sin trabas más allá de las fronteras estatales. La economía productiva y la financiera generan riqueza suficiente para sostener servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la atención a la dependencia, pero esta riqueza se escapa por las costuras de las legislaciones tributarias nacionales.

            Es tiempo de otra política en Europa, reforzando el papel democrático del Parlamento y la Comisión que deben representar el interés general de ciudadanas y ciudadanos de la Unión, mutualizando la deuda pública para que la prima de riesgo no beneficie a unos y perjudique a otros, poniendo en marcha un plan de estímulo de la economía con un único objetivo, crear empleo para ofrecer un futuro a tanta gente que se nos está quedando en la cuneta. Es tiempo de elegir un liderazgo para esta Europa huérfana. Yo propongo un nombre, el candidato de los socialistas europeos a presidir la Comisión Martin Shulz.

Publicado en La Opinión de Málaga el 18 de mayo de 2014.

¿JUICIOS JUSTOS?

         Benigno conduce habitualmente una ambulancia. Sus muchos años de experiencia hacen que se desenvuelva bien en situaciones donde su pericia para conducir a gran velocidad excepcionando las normas de tráfico logra salvar vidas a diario. Un día queda para comer con unos compañeros de trabajo porque uno de ellos, veterano de las urgencias sanitarias como él, se jubila y le hacen un fraternal homenaje. La sobremesa se alarga y cuando se percata de que tenía que recoger a su hija de tres años de la guardería es demasiado tarde para llegar a tiempo. Demasiado tarde salvo que use la ambulancia con la sirena de emergencia, piensa de repente dudando si hacerlo o no. Agobiado por la imagen de la niña llorando al retrasarse en recogerla, decide arriesgarse y coge la ambulancia de trabajo. En su trayecto intenta llamar por el móvil para avisar que está en camino, llega a un semáforo en rojo y se lo salta sin percatarse de que un coche pasa en ese momento. El resultado de su imprudente acción es la muerte por accidente de tráfico de una madre con dos niños al colisionar con la ambulancia.

             La juez instructora tras tomarle declaración, acuerda su ingreso en prisión provisional, tomando nota de que el hecho de no observar la obligación de detenerse ante el semáforo en rojo, se debió a la norma de tráfico que establece que en una emergencia podía actuar de ese modo. Acuerda inmediatamente imputar al ministro que promovió la ley que permite a las ambulancias saltarse un semáforo, igualmente hizo con los diputados y senadores que aprobaron dicha ley, así como con el alcalde y el concejal de tráfico del municipio por no perseguir estas peligrosas conductas que venían dándose desde hacía tiempo. ¿A que parece un disparate? ¿A que piensan que lo oportuno sería perseguir y castigar el mal uso de una norma legal prevista para un buen fin, como es salvar vidas humanas que dependen de que el médico llegue lo más rápido posible?

           Pues algo parecido está ocurriendo con la manera de proceder en la investigación del caso de los falsos EREs. En lugar de apremiar la instrucción y castigar a quienes abusaron de un sistema legalmente previsto, apropiándose de un dinero público para atender a desempleados usándolo en su propio beneficio, se despliega una enorme cantidad de energía procesal en intentar demostrar la fabulosa existencia de una trama política para favorecer una actividad delictiva. El riesgo serio que se corre en este asunto, es que los que se llevaron el dinero se vayan de rositas por la dilación en la instrucción, por la prescripción de los delitos que se les imputan tal como ha puesto en aviso en más de una ocasión la Fiscalía anticorrupción.

           Las transferencias de financiación son mecanismos previstos en nuestra legislación presupuestaria, aprobados en las leyes de presupuestos y empleados por todas las administraciones públicas. Tan legales son que se han usado con regularidad, por poner un ejemplo, en el cumplimiento de los compromisos de la Junta con las orquestas andaluzas como la Filarmónica de Málaga. Cuando recientemente se cambió el sistema a la subvención nominativa, los alcaldes populares de ciudades afectadas y parlamentarios andaluces del mismo partido, pidieron que se reconsiderase la decisión, puesto que el nuevo modelo hacía más farragosa la gestión y ponía en riesgo el buen funcionamiento de las orquestas. En el consorcio de la Filarmónica de Málaga, institución pública participada al cincuenta por ciento por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga, las cuentas anuales y el gasto que comporta su funcionamiento vienen siendo fiscalizadas por un interventor de la Administración andaluza. Este ejemplo, como otros muchos similares, vienen a demostrar que el sistema es legal, tiene como finalidad ganar agilidad en la gestión y está sometido a controles públicos.

          En las transferencias de financiación frente al sistema de subvenciones se trata de elegir entre el control previo del gasto, con un procedimiento más garantista y por tanto más lento en su tramitación, y el control posterior, que facilita la rapidez y agilidad en la toma de decisiones. Ambas alternativas son legales y posibles, del buen o mal uso deberán responder quienes gestionan cada decisión administrativa de ejecución del dinero presupuestado. Perseguir a los que hicieron las leyes y a servidoras públicas honestas como Magdalena Álvarez, por elaborar los presupuestos pensando en atender urgentemente las necesidades de trabajadores de empresas en situaciones difíciles, en lugar de centrar el esfuerzo en quienes abusaron del sistema para llevarse el dinero, puede parecer dicho sea con todo respeto, errar el tiro. Juzguen ustedes mismos, con justicia, rigor y serenidad.

Publicado en La Opinión de Málaga el 3 de abril de 2014.