TRÁTAME CON RESPETO

Si quieres que te respete, trátame con respeto. Esto es lo que nos están diciendo los ciudadanos con su desapego hacia la política, lo que podemos percibir si prestamos escucha atenta a sus opiniones. Hoy día las redes sociales nos permiten un diálogo directo con la gente, lo que se convierte en una oportunidad privilegiada para un mejor conocimiento de la realidad. Los ciudadanos que interactúan en estos espacios virtuales de intercambio de información y opinión, se muestran como personas con un gran sentido crítico, que reniegan de los argumentarios de madera y exigen argumentos sustentados en valores e ideas, que consideran una tomadura de pelo el uso de consignas vacías repetidas sin atisbo de reflexión que las sustente.

Ante este desafío los políticos debemos estar a la altura de las circunstancias, a la altura de una democracia que exige otras maneras de relacionarse con los ciudadanos, donde las ideas y los valores siguen vigentes pero las adhesiones identitarias inquebrantables forman parte del pasado. Son necesarias nuevas formas de poder compartido entre políticos, administraciones públicas y ciudadanía. Desde la política debemos entender que una vez elegidos cada cuatro años, no basta con trabajar para los ciudadanos sino que es necesario trabajar con los ciudadanos. La administración debe acercarse a la ciudadanía, relacionándose con los administrados como sus clientes, socios o colaboradores. Los ciudadanos y ciudadanas tienen que aprovechar las oportunidades de las redes sociales, para establecer redes de poder ciudadano para cuidar juntos del espacio público.

Todo ello debe servir para profundizar en las maneras democráticas de nuestra sociedad, para tener más y mejor democracia, más calidad democrática en definitiva. Nuevos armazones institucionales para hacer que el protagonismo activo de la ciudadanía sea instrumento de construcción permanente de la convivencia democrática. Maneras de intervenir en la vida pública que preservando el marco representativo, permitan a la ciudadanía conservar cierto grado de autoridad sobre sus representantes en los periodos entre elecciones.

Os invito a tomar la iniciativa en este camino que debemos recorrer juntos políticos y ciudadanos, porque desconfío de las soluciones impuestas desde arriba, los cambios sociales profundos se fraguan desde la movilización de la sociedad y nos corresponde liderarlos para que sean posibles, juntos codo con codo porque es la ordenación del espacio público de convivencia lo que está en juego, el espacio que compartimos.

CIUDADANOS TODOS LOS DÍAS

En un mundo donde las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la economía y la sociedad, donde los cambios se producen a un ritmo vertiginoso y en una dimensión mundial, los gobiernos deben permanecer en una constante actitud de estudio, reflexión e innovación sobre sus políticas públicas. Resulta necesario introducir indicadores de seguimiento de la eficacia y eficiencia de las medidas que se ponen en marcha, de su impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos, en definitiva concebir la excelencia en la gestión de las políticas como una parte sustancial de las mismas. Pero además todo ello debe hacerse en un marco de transparencia de la gestión, donde los ciudadanos tengan información de un modo fácilmente inteligible y evaluable sobre la acción de los gobiernos.

Una gestión transparente de las políticas públicas, permite explicar las mismas y defenderlas de un modo creíble, ejerciendo esa pedagogía política tan necesaria para recuperar su valoración y prestigio. El modelo de cartas de servicio, donde estén claros los compromisos asumidos, los objetivos que se establecen y los indicadores para evaluar las políticas, es un instrumento válido para una gestión transparente.

Una de las cuestiones relevantes para poner en primer plano la importancia de la política, para buscar respuestas compartidas a los problemas de la ciudadanía, es la consideración del ciudadano como sujeto activo de las cuestiones relacionadas con el gobierno del espacio público de convivencia. Activar y dinamizar la vida política de las comunidades pasa por profundizar en instrumentos de participación ciudadana, que supongan tener en cuenta la voz de la gente más allá de la elección de sus representantes cada cuatro años.

El ámbito de la política municipal es el entorno más propicio para poner en marcha este tipo de iniciativas, por la dimensión de los gobiernos locales y por la proximidad de la acción política de la administración municipal al día a día de los vecinos. Las experiencias de democracia local en municipios gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas marcan la línea a seguir, para alcanzar el objetivo de vivificar la vida democrática de nuestras comunidades recuperando el prestigio de la política.

La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas que afectan a su espacio más próximo de convivencia, tiene como virtud en primer lugar el efecto de lograr una democracia viva, donde las personas se sientan en lo cotidiano protagonistas de la acción política de sus gobernantes, tenidos en cuenta a la hora de poner en marcha políticas públicas. En segundo lugar, establece una serie de mecanismos por los cuales los destinatarios de las políticas ven aumentar su corresponsabilidad en las mismas, puesto que han tenido la oportunidad de participar activamente en el proceso de toma de las decisiones que les afectan. Estos dos efectos suponen un refuerzo de la consideración de la política como algo útil y necesario, aumentando el prestigio de la misma al sentirse la ciudadanía tenida en cuenta e implicada activamente en la construcción de decisiones para resolver problemas que requieren una respuesta colectiva.

La participación ciudadana no pretende sustituir la capacidad, legitimidad y responsabilidad de los elegidos democráticamente para gobernar, por tanto para tomar decisiones que vinculan a todos los ciudadanos de la comunidad. Sino que el ámbito de la participación, debe suponer ser tenido en cuenta a la hora de establecer los criterios para tomar las decisiones políticas o para diseñar políticas públicas para los ciudadanos.

Desde este punto de vista resulta relevante y debe discutirse con los ciudadanos convocados a participar en los procesos de decisión, las prioridades que deben atender las políticas de las que son sus últimos destinatarios, para después evaluar si las decisiones concretas se ajustan o no a los criterios definidos. Introducir como criterio para priorizar políticas públicas el alcanzar la igualdad de género en la sociedad, como valor compartido por la comunidad, conllevaría evaluar el impacto de todas las políticas públicas de un ayuntamiento para conseguir este objetivo, priorizando en el presupuesto aquellas medidas que la favorezcan, en detrimento de otras que carezcan de este efecto en los resultados producidos, por poner un ejemplo. En definitiva, se trata de discutir sobre los principios que deben regir la toma de las decisiones políticas, debatir sobre los criterios con arreglo a los cuales hay que establecer las políticas públicas basados en valores compartidos, más que de la consulta ciudadana para tomar las decisiones en cada caso concreto.

Tres son los ámbitos en los que es posible profundizar en una democracia ciudadana viva y activa en torno a la política: el control de la calidad de los servicios públicos, la elaboración de los criterios que deben regir las políticas y la transparencia informativa sobre la gestión de las políticas. Se trata de empoderar a la ciudadanía para participar cotidianamente en una vida democrática activa, donde el debate de ideas, la capacidad de proponer soluciones y el seguimiento de los resultados de las decisiones, sean los ejes sobre los cuales gire la actividad política de las ciudades. Ciudadanos que hagan ciudad, que piensen el urbanismo para hacer los barrios más habitables, donde el espacio público recupere el protagonismo y donde se favorezcan los valores de convivencia compartiendo las respuestas colectivas a los problemas individuales.

Los servicios públicos deben someterse al control por parte de los ciudadanos. Los usuarios de cualquier servicio ya no se conforman con ser atendidos en sus necesidades cotidianas, sino que exigen una calidad cada vez mayor en la atención y unos resultados acordes con las expectativas generadas. En primer lugar, es necesario ser realistas y honestos en las expectativas que se crean al presentar una determinada política pública. A menudo una comunicación excesivamente grandilocuente hace que el usuario se haga una idea de lo que va a recibir, muy por encima de lo que se es capaz de ofrecer, generando enseguida una sensación de frustración contraproducente. La descripción en un documento del contenido del servicio que vamos a prestar, de los objetivos que se pretenden alcanzar y de los indicadores que vamos a emplear para evaluar su cumplimiento, suponen un compromiso necesario con los destinatarios de las políticas públicas. Esto debe ser complementado con canales de comunicación directa verificables, mediante los cuales tengan la oportunidad de expresar sus quejas cuando lo que reciban no se ajuste a lo comprometido en las cartas de servicio.

Para articular la participación de los ciudadanos junto con los gobernantes, en la elaboración de los criterios y principios con arreglo a los cuales se diseñan las políticas públicas, es necesaria una vertebración de la sociedad civil organizada. El diálogo entre gobernantes y ciudadanos tiene que estar articulado a través de organizaciones que vertebren las propuestas, organizaciones representativas que sean capaces de canalizar las opiniones individuales y convertirlas en propuesta colectivas para ser debatidas. En una sociedad democrática, los individuos se desenvuelven en libertad, lo que implica una responsabilidad en relación con los asuntos públicos. La vida democrática será lo dinámica que la ciudadanía quiera, siendo fundamental la viveza y fortaleza del movimiento asociativo.

El derecho por parte de los ciudadanos a una información rigurosa, clara y fácilmente inteligible, la transparencia en definitiva, es otro de los factores que contribuye a prestigiar las políticas. No es posible valorar lo que no se conoce, por tanto es necesario que los gobernantes por iniciativa propia y de modo sistematizado, establezcan mecanismos de publicidad y comunicación a los ciudadanos de la información relacionada con los servicios públicos. La información debe ser rigurosa, expresando las fuentes de las que se extrae así como los criterios para medir las magnitudes. Debe ser una información clara, donde los datos estén perfectamente identificados en cuanto a su procedencia, significado y momento al que se refieren. Debe ser también fácilmente inteligible, para que esté al alcance de cualquier ciudadano comprenderla, pues de lo contrario no serviría para la finalidad que estamos planteando que no es otra que controlar la acción del gobierno. En este aspecto también juegan un papel facilitador las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten una enorme variedad de posibilidades de acceso a la información, así como de formas de presentar la misma.

En definitiva, se trata de tener en cuenta desde los gobiernos, la importancia que tiene el prestar servicios públicos de excelencia al ciudadano, con un alto nivel de exigencia en la calidad de las prestaciones, de un modo en que los usuarios se sientan parte en la toma de las decisiones que les afectan y de manera que puedan controlar el ajuste de lo que reciben a la oferta política realizada.

La bondad de las políticas socialdemócratas no solamente está en los valores que las inspiran de libertad, igualdad y solidaridad, sino también en la capacidad de ponerlas en marcha construyendo mayorías que sustenten las decisiones mediante el debate ciudadano, que basen la legitimidad de la política en un alto nivel de exigencia de calidad en la gestión de los servicios públicos y que sean capaces de someterse en el día a día al escrutinio ciudadano que valore el cumplimiento de los compromisos alcanzados. Ver a la gente no como votantes, sino como ciudadanos todos los días.

MALOS HUMOS

Contemplo con estupor la noticia, de que el asador “insumiso” ante la ley que prohibe fumar en establecimientos públicos, va a ser cerrado como medida ante el empecinamiento en no cumplir la norma, además de recibir la correspondiente multa económica. Mi estupor se debe a las reacciones que provoca esto en cierta derecha política y mediática, que jalea estas actitudes invocando un supuesto derecho a la objeción de conciencia a las leyes, fundamentado en el desacuerdo con ellas.

Todos recordamos las risitas del ex Presidente Aznar, cuando comentaba con hilaridad aquello de ¿quién me tiene que decir a mí lo que tengo que beber o no? alzando una copa de vino, en una crítica ante una campaña de tráfico concienciando a los ciudadanos de la importancia de cumplir con las normas de circulación para salvar vidas. Los que estas posiciones defienden, lo hacen invocando la defensa del individuo por encima de toda consideración social, en una concepción de la libertad individual incompatible con la convivencia ciudadana si se lleva a sus últimas consecuencias.

Las llamadas de Esperanza Aguirre a la rebelión ante la ley que modificaba los tipos fiscales del IVA, fueron otro ejemplo de esta suerte de insumisión ante la ley de esta derecha que se vuelve ácrata, cuando un gobierno socialista toma de acuerdo con la constitución la iniciativa legislativa y propone leyes que nuestro parlamento aprueba democráticamente y a ellos no les gustan.

La Educación para la Ciudadanía fue el ejemplo polítco más elocuente de esta actitud ante las leyes democráticas. Se aprueba una ley que establece que nuestro sistema educativo imparta una asignatura que habla sobre valores democráticos de convivencia, derechos fundamentales, valores constitucionales en definitiva, y esto a cierta derecha extrema no le gusta. Tal vez porque para ellos todo debe ser como siempre se han hecho las cosas, con la Iglesia católica ejerciendo el monopolio de la transmisión de valores en nuestros colegios e institutos. Pues bien, mala noticia para los fundamentalistas, la Constitución Española declara la aconfesionalidad del Estado y el pluralismo de nuestra sociedad. Por tanto, los valores a impartir en los centros educativos son los que emanan del propio texto constitucional.

Ante esto la reacción fue de beligerancia contra la ley, defendiendo un supuesto derecho de objeción de conciencia, que en realidad esconde una rebelión antidemocrática para no cumplir las leyes que no son de su gusto. Esta suerte de golpismo disfrazado de razones de defensa de la libertad individual, esconde una visión contraria a los fundamentos del sistema democrático mismo, que exige el cumplimiento de las leyes que emanan del parlamento donde reside la soberanía popular. Las soflamas incendiarias de algunos medios de la derecha extrema en nuestro país, donde a menudo vemos como tertulianos a dirigentes del Partido Popular, están más cerca de la línea editorial del diario El Alcázar que de las legítimas posiciones de unos medios conservadores o liberales pero demócratas.

Malos humos en definitiva, que oscurecen la pacífica convivencia democrática que conquistamos entre todas y todos con la Constitución Española. Malos humos que contaminan el ambiente hasta hacerlo irrespirable. Entender esto es defender nuestra Constitución.

COMENZANDO MI VIAJE

Comienzo mi experiencia en la blogosfera con este espacio para compartir mis reflexiones sobre temas de la actualidad social y política. Lo hago consciente de la importancia que cobra en este momento la capacidad de encontrar juntos respuestas, desde una visión socialdemócrata a los problemas de nuestro tiempo. Cuando la mano ciega del mercado golpea con violencia a los más débiles, se hace más necesario que nunca defender la política como instrumento democrático que nos permita construir una sociedad y una economía con valores de justicia, igualdad y solidaridad.

El discurso neocon de los que defendían la no regulación de los mercados financieros, ha traído esta crisis que obliga a los gobiernos a pagar con el dinero de todos, las consecuencias del problema que generaron unos pocos. En España hemos sufrido las consecuencias en la destrucción de empleo, de un modelo de crecimiento económico basado en la construcción salvaje, devorando territorio como único recurso de desarrollo. Este modelo fue el promovido por la derecha del PP de Aznar, con una legislación del suelo y un abandono de la política de promoción de vivienda pública, que favorecieron la burbuja inmobiliaria que acabó por estallar con nefastas consecuencias.

El gobierno socialista de Zapatero, puso en marcha la iniciativa de Economía Sostenible, para cambiar de modelo de crecimiento, impulsando sectores como las energías renovables, la rehabilitación de vivienda, las industrias culturales, en definitiva sectores de actividad capaces de generar riqueza de un modo respetuoso con el medio ambiente y sostenibles desde un punto de vista social.

Ha sido necesario adoptar medidas muy duras para dar confianza a los mercados financieros sobre la solvencia de este país para hacer frente a sus compromisos, dentro de una acción coordinada de todos los países de la zona euro para reducir su déficit público en un período breve de tiempo. Pero estas decisiones se han realizado con una gran responsabilidad y con el compromiso de no agravar la situación de los colectivos más vulnerables. Cuando se contrastan con lo que han hecho gobiernos de derecha en Europa, es cuando se aprecia la diferencia con un gobierno socialdemócrata. El gobierno de España redujo las retribuciones de los empleados públicos, aplicando la medida con progresividad teniendo en cuenta la cuantía del salario, frente a los despidos que han llevado a cabo en Alemania o Gran Bretaña.

Comienzan a aparecer signos de mejora de la economía, incipientes sin duda e insuficientes hasta que no se comience a crear empleo, pero sin duda deben contribuir a generar confianza y esperanza en el futuro como motores para recuperar la inversión y estimular el crecimiento. El acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, alcanzado entre gobierno, sindicatos y empresarios, es una sólida base sobre la que generar un consenso que permita concentrar esfuerzos, sin duda una buena noticia.

Una buena noticia, salvo para los que fían sus cálculos electorales al empeoramiento de la economía y el empleo, para los que no hacen sino perjudicar el interés general del país en beneficio exclusivo de sus intereses particulares. No son sólo irresponsables sino que dan muestras evidentes de antipatriotismo, por más que se les llene la boca de españolismo vacío, palabras huecas.