El
peligro mayor a la hora de hacer un diagnóstico sobre la
realidad es confundir los síntomas con la enfermedad. El gran
problema al que nos enfrenta la crisis económica que vivimos
no es el déficit de las cuentas de los Estados, sino el
déficit que supone la incapacidad de los gobiernos
democráticos para gobernar el monstruo de los poderes
financieros en una economía globalizada. En el capítulo
XVII del Leviatan nos recordaba Hobbes que “los
pactos que no descansan en la espada no son más que palabras,
sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”.
En nuestros tiempos, la espada del Estado-nación se muestra
inofensiva para establecer reglas democráticas en una economía
altamente globalizada, peligrosamente desregulada y donde la
especulación financiera prima sobre la producción de
bienes y servicios para atender las necesidades humanas.
En
la arquitectura institucional que estructura nuestras democracias
acostumbramos a poner el énfasis en las constituciones, las
leyes de leyes a las que deben someterse todas las normas del Estado.
Olvidamos sin embargo, que fue la Declaración
de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789 en Francia, inspirada en la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos
de 1776, el origen de nuestro sistema político basado en
principios de libertad, igualdad y fraternidad. La Constitución
Francesa de 1791 llega precisamente para garantizar unas
instituciones capaces de defender los derechos proclamados en la
declaración de 1789. Es el triunfo de la libertad del
individuo, el pacto social para construir un Estado que proteja al
ciudadano del abuso del poder, sometiéndolo a reglas para
preservar sus derechos como persona.
Tras
la Segunda Guerra Mundial, tras el sueño de la razón
que engendró el monstruo del fascismo, recién despierta
de la pesadilla fratricida, Europa acometió la tarea de
construir un espacio de convivencia pacífica sobre la base de
tratados entre sus Estados. El Tratado de Roma dio origen a la
Comunidad Europea, tomando como eje de su construcción la
cooperación económica para hacer juntos un mercado
común. Con el Acta Única Europea se avanzó en
este camino institucional. Parecía que se apuntaba a una mayor
cooperación política, hacia una cohesión
económica y social. Pero la realidad tras el Tratado de
Maatstricht y la creación del Euro ha sido decepcionante para
las aspiraciones de una auténtica ciudadanía europea en
una Europa federal.
Los
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, hemos
cedido soberanía a instituciones supranacionales con un alto
déficit democrático. Los procedimientos de toma de
decisiones siguen pasando por órganos donde están
representados los gobiernos de cada país, sin que exista un
verdadero gobierno de los europeos que tome decisiones pensando en el
interés general de toda la ciudadanía. Construir una
arquitectura institucional democrática de la Unión
Europea, con un parlamento que represente a la ciudadanía en
su conjunto, con un gobierno elegido democráticamente que tome
decisiones en interés de todos, se hace urgente y necesario
para fortalecer la capacidad de defendernos de los oscuros poderes
financieros transnacionales. El camino recorrido hasta el momento ha
sido generar instituciones para poner límites a las
democracias nacionales pensando en el mercado común, ahora es
tiempo de expandir la democracia para un auténtico gobierno de
la ciudadanía sobre la política económica
europea.
En
el ámbito de los Estados-nación se hace necesario
reformar nuestros sistemas políticos para ganar calidad
democrática. El debate ciudadano debe encaminarnos a lo que
Barack Obama denominó como open
government,
gobiernos abiertos que sean transparentes, participativos y
colaborativos. Transparencia entendida como derecho del ciudadano a
acceder a la información de las administraciones de manera
sencilla y clara, para un mayor control de la acción de los
gobiernos. Participación que favorezca la implicación
activa en las políticas públicas más allá
del ejercicio del derecho al voto cada cuatro años.
Colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil
para alcanzar objetivos de interés general.
Podemos
recuperar la política como instrumento para hacer juntos una
sociedad inspirada en valores de libertad, igualdad y fraternidad.
Las democracias son organismos vivos que son saludables si se
fortalecen con la práctica cotidiana. El ejercicio democrático
diario es más necesario que nunca, porque sólo un demos
de ciudadanos activos será capaz de recuperar el poder, la
cracia, sobre el gobierno de nuestro destino compartido.
Publicado en La Opinión de Málaga el 8 de enero de 2013.
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