En un mundo donde las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la economía y la sociedad, donde los cambios se producen a un ritmo vertiginoso y en una dimensión mundial, los gobiernos deben permanecer en una constante actitud de estudio, reflexión e innovación sobre sus políticas públicas. Resulta necesario introducir indicadores de seguimiento de la eficacia y eficiencia de las medidas que se ponen en marcha, de su impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos, en definitiva concebir la excelencia en la gestión de las políticas como una parte sustancial de las mismas. Pero además todo ello debe hacerse en un marco de transparencia de la gestión, donde los ciudadanos tengan información de un modo fácilmente inteligible y evaluable sobre la acción de los gobiernos.
Una gestión transparente de las políticas públicas, permite explicar las mismas y defenderlas de un modo creíble, ejerciendo esa pedagogía política tan necesaria para recuperar su valoración y prestigio. El modelo de cartas de servicio, donde estén claros los compromisos asumidos, los objetivos que se establecen y los indicadores para evaluar las políticas, es un instrumento válido para una gestión transparente.
Una de las cuestiones relevantes para poner en primer plano la importancia de la política, para buscar respuestas compartidas a los problemas de la ciudadanía, es la consideración del ciudadano como sujeto activo de las cuestiones relacionadas con el gobierno del espacio público de convivencia. Activar y dinamizar la vida política de las comunidades pasa por profundizar en instrumentos de participación ciudadana, que supongan tener en cuenta la voz de la gente más allá de la elección de sus representantes cada cuatro años.
El ámbito de la política municipal es el entorno más propicio para poner en marcha este tipo de iniciativas, por la dimensión de los gobiernos locales y por la proximidad de la acción política de la administración municipal al día a día de los vecinos. Las experiencias de democracia local en municipios gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas marcan la línea a seguir, para alcanzar el objetivo de vivificar la vida democrática de nuestras comunidades recuperando el prestigio de la política.
La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas que afectan a su espacio más próximo de convivencia, tiene como virtud en primer lugar el efecto de lograr una democracia viva, donde las personas se sientan en lo cotidiano protagonistas de la acción política de sus gobernantes, tenidos en cuenta a la hora de poner en marcha políticas públicas. En segundo lugar, establece una serie de mecanismos por los cuales los destinatarios de las políticas ven aumentar su corresponsabilidad en las mismas, puesto que han tenido la oportunidad de participar activamente en el proceso de toma de las decisiones que les afectan. Estos dos efectos suponen un refuerzo de la consideración de la política como algo útil y necesario, aumentando el prestigio de la misma al sentirse la ciudadanía tenida en cuenta e implicada activamente en la construcción de decisiones para resolver problemas que requieren una respuesta colectiva.
La participación ciudadana no pretende sustituir la capacidad, legitimidad y responsabilidad de los elegidos democráticamente para gobernar, por tanto para tomar decisiones que vinculan a todos los ciudadanos de la comunidad. Sino que el ámbito de la participación, debe suponer ser tenido en cuenta a la hora de establecer los criterios para tomar las decisiones políticas o para diseñar políticas públicas para los ciudadanos.
Desde este punto de vista resulta relevante y debe discutirse con los ciudadanos convocados a participar en los procesos de decisión, las prioridades que deben atender las políticas de las que son sus últimos destinatarios, para después evaluar si las decisiones concretas se ajustan o no a los criterios definidos. Introducir como criterio para priorizar políticas públicas el alcanzar la igualdad de género en la sociedad, como valor compartido por la comunidad, conllevaría evaluar el impacto de todas las políticas públicas de un ayuntamiento para conseguir este objetivo, priorizando en el presupuesto aquellas medidas que la favorezcan, en detrimento de otras que carezcan de este efecto en los resultados producidos, por poner un ejemplo. En definitiva, se trata de discutir sobre los principios que deben regir la toma de las decisiones políticas, debatir sobre los criterios con arreglo a los cuales hay que establecer las políticas públicas basados en valores compartidos, más que de la consulta ciudadana para tomar las decisiones en cada caso concreto.
Tres son los ámbitos en los que es posible profundizar en una democracia ciudadana viva y activa en torno a la política: el control de la calidad de los servicios públicos, la elaboración de los criterios que deben regir las políticas y la transparencia informativa sobre la gestión de las políticas. Se trata de empoderar a la ciudadanía para participar cotidianamente en una vida democrática activa, donde el debate de ideas, la capacidad de proponer soluciones y el seguimiento de los resultados de las decisiones, sean los ejes sobre los cuales gire la actividad política de las ciudades. Ciudadanos que hagan ciudad, que piensen el urbanismo para hacer los barrios más habitables, donde el espacio público recupere el protagonismo y donde se favorezcan los valores de convivencia compartiendo las respuestas colectivas a los problemas individuales.
Los servicios públicos deben someterse al control por parte de los ciudadanos. Los usuarios de cualquier servicio ya no se conforman con ser atendidos en sus necesidades cotidianas, sino que exigen una calidad cada vez mayor en la atención y unos resultados acordes con las expectativas generadas. En primer lugar, es necesario ser realistas y honestos en las expectativas que se crean al presentar una determinada política pública. A menudo una comunicación excesivamente grandilocuente hace que el usuario se haga una idea de lo que va a recibir, muy por encima de lo que se es capaz de ofrecer, generando enseguida una sensación de frustración contraproducente. La descripción en un documento del contenido del servicio que vamos a prestar, de los objetivos que se pretenden alcanzar y de los indicadores que vamos a emplear para evaluar su cumplimiento, suponen un compromiso necesario con los destinatarios de las políticas públicas. Esto debe ser complementado con canales de comunicación directa verificables, mediante los cuales tengan la oportunidad de expresar sus quejas cuando lo que reciban no se ajuste a lo comprometido en las cartas de servicio.
Para articular la participación de los ciudadanos junto con los gobernantes, en la elaboración de los criterios y principios con arreglo a los cuales se diseñan las políticas públicas, es necesaria una vertebración de la sociedad civil organizada. El diálogo entre gobernantes y ciudadanos tiene que estar articulado a través de organizaciones que vertebren las propuestas, organizaciones representativas que sean capaces de canalizar las opiniones individuales y convertirlas en propuesta colectivas para ser debatidas. En una sociedad democrática, los individuos se desenvuelven en libertad, lo que implica una responsabilidad en relación con los asuntos públicos. La vida democrática será lo dinámica que la ciudadanía quiera, siendo fundamental la viveza y fortaleza del movimiento asociativo.
El derecho por parte de los ciudadanos a una información rigurosa, clara y fácilmente inteligible, la transparencia en definitiva, es otro de los factores que contribuye a prestigiar las políticas. No es posible valorar lo que no se conoce, por tanto es necesario que los gobernantes por iniciativa propia y de modo sistematizado, establezcan mecanismos de publicidad y comunicación a los ciudadanos de la información relacionada con los servicios públicos. La información debe ser rigurosa, expresando las fuentes de las que se extrae así como los criterios para medir las magnitudes. Debe ser una información clara, donde los datos estén perfectamente identificados en cuanto a su procedencia, significado y momento al que se refieren. Debe ser también fácilmente inteligible, para que esté al alcance de cualquier ciudadano comprenderla, pues de lo contrario no serviría para la finalidad que estamos planteando que no es otra que controlar la acción del gobierno. En este aspecto también juegan un papel facilitador las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten una enorme variedad de posibilidades de acceso a la información, así como de formas de presentar la misma.
En definitiva, se trata de tener en cuenta desde los gobiernos, la importancia que tiene el prestar servicios públicos de excelencia al ciudadano, con un alto nivel de exigencia en la calidad de las prestaciones, de un modo en que los usuarios se sientan parte en la toma de las decisiones que les afectan y de manera que puedan controlar el ajuste de lo que reciben a la oferta política realizada.
La bondad de las políticas socialdemócratas no solamente está en los valores que las inspiran de libertad, igualdad y solidaridad, sino también en la capacidad de ponerlas en marcha construyendo mayorías que sustenten las decisiones mediante el debate ciudadano, que basen la legitimidad de la política en un alto nivel de exigencia de calidad en la gestión de los servicios públicos y que sean capaces de someterse en el día a día al escrutinio ciudadano que valore el cumplimiento de los compromisos alcanzados. Ver a la gente no como votantes, sino como ciudadanos todos los días.
Una gestión transparente de las políticas públicas, permite explicar las mismas y defenderlas de un modo creíble, ejerciendo esa pedagogía política tan necesaria para recuperar su valoración y prestigio. El modelo de cartas de servicio, donde estén claros los compromisos asumidos, los objetivos que se establecen y los indicadores para evaluar las políticas, es un instrumento válido para una gestión transparente.
Una de las cuestiones relevantes para poner en primer plano la importancia de la política, para buscar respuestas compartidas a los problemas de la ciudadanía, es la consideración del ciudadano como sujeto activo de las cuestiones relacionadas con el gobierno del espacio público de convivencia. Activar y dinamizar la vida política de las comunidades pasa por profundizar en instrumentos de participación ciudadana, que supongan tener en cuenta la voz de la gente más allá de la elección de sus representantes cada cuatro años.
El ámbito de la política municipal es el entorno más propicio para poner en marcha este tipo de iniciativas, por la dimensión de los gobiernos locales y por la proximidad de la acción política de la administración municipal al día a día de los vecinos. Las experiencias de democracia local en municipios gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas marcan la línea a seguir, para alcanzar el objetivo de vivificar la vida democrática de nuestras comunidades recuperando el prestigio de la política.
La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas que afectan a su espacio más próximo de convivencia, tiene como virtud en primer lugar el efecto de lograr una democracia viva, donde las personas se sientan en lo cotidiano protagonistas de la acción política de sus gobernantes, tenidos en cuenta a la hora de poner en marcha políticas públicas. En segundo lugar, establece una serie de mecanismos por los cuales los destinatarios de las políticas ven aumentar su corresponsabilidad en las mismas, puesto que han tenido la oportunidad de participar activamente en el proceso de toma de las decisiones que les afectan. Estos dos efectos suponen un refuerzo de la consideración de la política como algo útil y necesario, aumentando el prestigio de la misma al sentirse la ciudadanía tenida en cuenta e implicada activamente en la construcción de decisiones para resolver problemas que requieren una respuesta colectiva.
La participación ciudadana no pretende sustituir la capacidad, legitimidad y responsabilidad de los elegidos democráticamente para gobernar, por tanto para tomar decisiones que vinculan a todos los ciudadanos de la comunidad. Sino que el ámbito de la participación, debe suponer ser tenido en cuenta a la hora de establecer los criterios para tomar las decisiones políticas o para diseñar políticas públicas para los ciudadanos.
Desde este punto de vista resulta relevante y debe discutirse con los ciudadanos convocados a participar en los procesos de decisión, las prioridades que deben atender las políticas de las que son sus últimos destinatarios, para después evaluar si las decisiones concretas se ajustan o no a los criterios definidos. Introducir como criterio para priorizar políticas públicas el alcanzar la igualdad de género en la sociedad, como valor compartido por la comunidad, conllevaría evaluar el impacto de todas las políticas públicas de un ayuntamiento para conseguir este objetivo, priorizando en el presupuesto aquellas medidas que la favorezcan, en detrimento de otras que carezcan de este efecto en los resultados producidos, por poner un ejemplo. En definitiva, se trata de discutir sobre los principios que deben regir la toma de las decisiones políticas, debatir sobre los criterios con arreglo a los cuales hay que establecer las políticas públicas basados en valores compartidos, más que de la consulta ciudadana para tomar las decisiones en cada caso concreto.
Tres son los ámbitos en los que es posible profundizar en una democracia ciudadana viva y activa en torno a la política: el control de la calidad de los servicios públicos, la elaboración de los criterios que deben regir las políticas y la transparencia informativa sobre la gestión de las políticas. Se trata de empoderar a la ciudadanía para participar cotidianamente en una vida democrática activa, donde el debate de ideas, la capacidad de proponer soluciones y el seguimiento de los resultados de las decisiones, sean los ejes sobre los cuales gire la actividad política de las ciudades. Ciudadanos que hagan ciudad, que piensen el urbanismo para hacer los barrios más habitables, donde el espacio público recupere el protagonismo y donde se favorezcan los valores de convivencia compartiendo las respuestas colectivas a los problemas individuales.
Los servicios públicos deben someterse al control por parte de los ciudadanos. Los usuarios de cualquier servicio ya no se conforman con ser atendidos en sus necesidades cotidianas, sino que exigen una calidad cada vez mayor en la atención y unos resultados acordes con las expectativas generadas. En primer lugar, es necesario ser realistas y honestos en las expectativas que se crean al presentar una determinada política pública. A menudo una comunicación excesivamente grandilocuente hace que el usuario se haga una idea de lo que va a recibir, muy por encima de lo que se es capaz de ofrecer, generando enseguida una sensación de frustración contraproducente. La descripción en un documento del contenido del servicio que vamos a prestar, de los objetivos que se pretenden alcanzar y de los indicadores que vamos a emplear para evaluar su cumplimiento, suponen un compromiso necesario con los destinatarios de las políticas públicas. Esto debe ser complementado con canales de comunicación directa verificables, mediante los cuales tengan la oportunidad de expresar sus quejas cuando lo que reciban no se ajuste a lo comprometido en las cartas de servicio.
Para articular la participación de los ciudadanos junto con los gobernantes, en la elaboración de los criterios y principios con arreglo a los cuales se diseñan las políticas públicas, es necesaria una vertebración de la sociedad civil organizada. El diálogo entre gobernantes y ciudadanos tiene que estar articulado a través de organizaciones que vertebren las propuestas, organizaciones representativas que sean capaces de canalizar las opiniones individuales y convertirlas en propuesta colectivas para ser debatidas. En una sociedad democrática, los individuos se desenvuelven en libertad, lo que implica una responsabilidad en relación con los asuntos públicos. La vida democrática será lo dinámica que la ciudadanía quiera, siendo fundamental la viveza y fortaleza del movimiento asociativo.
El derecho por parte de los ciudadanos a una información rigurosa, clara y fácilmente inteligible, la transparencia en definitiva, es otro de los factores que contribuye a prestigiar las políticas. No es posible valorar lo que no se conoce, por tanto es necesario que los gobernantes por iniciativa propia y de modo sistematizado, establezcan mecanismos de publicidad y comunicación a los ciudadanos de la información relacionada con los servicios públicos. La información debe ser rigurosa, expresando las fuentes de las que se extrae así como los criterios para medir las magnitudes. Debe ser una información clara, donde los datos estén perfectamente identificados en cuanto a su procedencia, significado y momento al que se refieren. Debe ser también fácilmente inteligible, para que esté al alcance de cualquier ciudadano comprenderla, pues de lo contrario no serviría para la finalidad que estamos planteando que no es otra que controlar la acción del gobierno. En este aspecto también juegan un papel facilitador las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten una enorme variedad de posibilidades de acceso a la información, así como de formas de presentar la misma.
En definitiva, se trata de tener en cuenta desde los gobiernos, la importancia que tiene el prestar servicios públicos de excelencia al ciudadano, con un alto nivel de exigencia en la calidad de las prestaciones, de un modo en que los usuarios se sientan parte en la toma de las decisiones que les afectan y de manera que puedan controlar el ajuste de lo que reciben a la oferta política realizada.
La bondad de las políticas socialdemócratas no solamente está en los valores que las inspiran de libertad, igualdad y solidaridad, sino también en la capacidad de ponerlas en marcha construyendo mayorías que sustenten las decisiones mediante el debate ciudadano, que basen la legitimidad de la política en un alto nivel de exigencia de calidad en la gestión de los servicios públicos y que sean capaces de someterse en el día a día al escrutinio ciudadano que valore el cumplimiento de los compromisos alcanzados. Ver a la gente no como votantes, sino como ciudadanos todos los días.
