jueves, 10 de febrero de 2011

MALOS HUMOS

Contemplo con estupor la noticia, de que el asador “insumiso” ante la ley que prohibe fumar en establecimientos públicos, va a ser cerrado como medida ante el empecinamiento en no cumplir la norma, además de recibir la correspondiente multa económica. Mi estupor se debe a las reacciones que provoca esto en cierta derecha política y mediática, que jalea estas actitudes invocando un supuesto derecho a la objeción de conciencia a las leyes, fundamentado en el desacuerdo con ellas.

Todos recordamos las risitas del ex Presidente Aznar, cuando comentaba con hilaridad aquello de ¿quién me tiene que decir a mí lo que tengo que beber o no? alzando una copa de vino, en una crítica ante una campaña de tráfico concienciando a los ciudadanos de la importancia de cumplir con las normas de circulación para salvar vidas. Los que estas posiciones defienden, lo hacen invocando la defensa del individuo por encima de toda consideración social, en una concepción de la libertad individual incompatible con la convivencia ciudadana si se lleva a sus últimas consecuencias.

Las llamadas de Esperanza Aguirre a la rebelión ante la ley que modificaba los tipos fiscales del IVA, fueron otro ejemplo de esta suerte de insumisión ante la ley de esta derecha que se vuelve ácrata, cuando un gobierno socialista toma de acuerdo con la constitución la iniciativa legislativa y propone leyes que nuestro parlamento aprueba democráticamente y a ellos no les gustan.

La Educación para la Ciudadanía fue el ejemplo polítco más elocuente de esta actitud ante las leyes democráticas. Se aprueba una ley que establece que nuestro sistema educativo imparta una asignatura que habla sobre valores democráticos de convivencia, derechos fundamentales, valores constitucionales en definitiva, y esto a cierta derecha extrema no le gusta. Tal vez porque para ellos todo debe ser como siempre se han hecho las cosas, con la Iglesia católica ejerciendo el monopolio de la transmisión de valores en nuestros colegios e institutos. Pues bien, mala noticia para los fundamentalistas, la Constitución Española declara la aconfesionalidad del Estado y el pluralismo de nuestra sociedad. Por tanto, los valores a impartir en los centros educativos son los que emanan del propio texto constitucional.

Ante esto la reacción fue de beligerancia contra la ley, defendiendo un supuesto derecho de objeción de conciencia, que en realidad esconde una rebelión antidemocrática para no cumplir las leyes que no son de su gusto. Esta suerte de golpismo disfrazado de razones de defensa de la libertad individual, esconde una visión contraria a los fundamentos del sistema democrático mismo, que exige el cumplimiento de las leyes que emanan del parlamento donde reside la soberanía popular. Las soflamas incendiarias de algunos medios de la derecha extrema en nuestro país, donde a menudo vemos como tertulianos a dirigentes del Partido Popular, están más cerca de la línea editorial del diario El Alcázar que de las legítimas posiciones de unos medios conservadores o liberales pero demócratas.


Malos humos en definitiva, que oscurecen la pacífica convivencia democrática que conquistamos entre todas y todos con la Constitución Española. Malos humos que contaminan el ambiente hasta hacerlo irrespirable. Entender esto es defender nuestra Constitución.

viernes, 4 de febrero de 2011

COMENZANDO MI VIAJE

Comienzo mi experiencia en la blogosfera con este espacio para compartir mis reflexiones sobre temas de la actualidad social y política. Lo hago consciente de la importancia que cobra en este momento la capacidad de encontrar juntos respuestas, desde una visión socialdemócrata a los problemas de nuestro tiempo. Cuando la mano ciega del mercado golpea con violencia a los más débiles, se hace más necesario que nunca defender la política como instrumento democrático que nos permita construir una sociedad y una economía con valores de justicia, igualdad y solidaridad.

El discurso neocon de los que defendían la no regulación de los mercados financieros, ha traído esta crisis que obliga a los gobiernos a pagar con el dinero de todos, las consecuencias del problema que generaron unos pocos. En España hemos sufrido las consecuencias en la destrucción de empleo, de un modelo de crecimiento económico basado en la construcción salvaje, devorando territorio como único recurso de desarrollo. Este modelo fue el promovido por la derecha del PP de Aznar, con una legislación del suelo y un abandono de la política de promoción de vivienda pública, que favorecieron la burbuja inmobiliaria que acabó por estallar con nefastas consecuencias.

El gobierno socialista de Zapatero, puso en marcha la iniciativa de Economía Sostenible, para cambiar de modelo de crecimiento, impulsando sectores como las energías renovables, la rehabilitación de vivienda, las industrias culturales, en definitiva sectores de actividad capaces de generar riqueza de un modo respetuoso con el medio ambiente y sostenibles desde un punto de vista social.

Ha sido necesario adoptar medidas muy duras para dar confianza a los mercados financieros sobre la solvencia de este país para hacer frente a sus compromisos, dentro de una acción coordinada de todos los países de la zona euro para reducir su déficit público en un período breve de tiempo. Pero estas decisiones se han realizado con una gran responsabilidad y con el compromiso de no agravar la situación de los colectivos más vulnerables. Cuando se contrastan con lo que han hecho gobiernos de derecha en Europa, es cuando se aprecia la diferencia con un gobierno socialdemócrata. El gobierno de España redujo las retribuciones de los empleados públicos, aplicando la medida con progresividad teniendo en cuenta la cuantía del salario, frente a los despidos que han llevado a cabo en Alemania o Gran Bretaña.

Comienzan a aparecer signos de mejora de la economía, incipientes sin duda e insuficientes hasta que no se comience a crear empleo, pero sin duda deben contribuir a generar confianza y esperanza en el futuro como motores para recuperar la inversión y estimular el crecimiento. El acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, alcanzado entre gobierno, sindicatos y empresarios, es una sólida base sobre la que generar un consenso que permita concentrar esfuerzos, sin duda una buena noticia.

Una buena noticia, salvo para los que fían sus cálculos electorales al empeoramiento de la economía y el empleo, para los que no hacen sino perjudicar el interés general del país en beneficio exclusivo de sus intereses particulares. No son sólo irresponsables sino que dan muestras evidentes de antipatriotismo, por más que se les llene la boca de españolismo vacío, palabras huecas.