Benigno
conduce habitualmente una ambulancia. Sus muchos años de
experiencia hacen que se desenvuelva bien en situaciones donde su
pericia para conducir a gran velocidad excepcionando las normas de
tráfico logra salvar vidas a diario. Un día queda para
comer con unos compañeros de trabajo porque uno de ellos,
veterano de las urgencias sanitarias como él, se jubila y le
hacen un fraternal homenaje. La sobremesa se alarga y cuando se
percata de que tenía que recoger a su hija de tres años
de la guardería es demasiado tarde para llegar a tiempo.
Demasiado tarde salvo que use la ambulancia con la sirena de
emergencia, piensa de repente dudando si hacerlo o no. Agobiado por
la imagen de la niña llorando al retrasarse en recogerla,
decide arriesgarse y coge la ambulancia de trabajo. En su trayecto
intenta llamar por el móvil para avisar que está en
camino, llega a un semáforo en rojo y se lo salta sin
percatarse de que un coche pasa en ese momento. El resultado de su
imprudente acción es la muerte por accidente de tráfico
de una madre con dos niños al colisionar con la ambulancia.
La
juez instructora tras tomarle declaración, acuerda su ingreso
en prisión provisional, tomando nota de que el hecho de no
observar la obligación de detenerse ante el semáforo en
rojo, se debió a la norma de tráfico que establece que
en una emergencia podía actuar de ese modo. Acuerda
inmediatamente imputar al ministro que promovió la ley que
permite a las ambulancias saltarse un semáforo, igualmente
hizo con los diputados y senadores que aprobaron dicha ley, así
como con el alcalde y el concejal de tráfico del municipio por
no perseguir estas peligrosas conductas que venían dándose
desde hacía tiempo. ¿A que parece un disparate? ¿A
que piensan que lo oportuno sería perseguir y castigar el mal
uso de una norma legal prevista para un buen fin, como es salvar
vidas humanas que dependen de que el médico llegue lo más
rápido posible?
Pues
algo parecido está ocurriendo con la manera de proceder en la
investigación del caso de los falsos EREs. En lugar de
apremiar la instrucción y castigar a quienes abusaron de un
sistema legalmente previsto, apropiándose de un dinero público
para atender a desempleados usándolo en su propio beneficio,
se despliega una enorme cantidad de energía procesal en
intentar demostrar la fabulosa existencia de una trama política
para favorecer una actividad delictiva. El riesgo serio que se corre
en este asunto, es que los que se llevaron el dinero se vayan de
rositas por la dilación en la instrucción, por la
prescripción de los delitos que se les imputan tal como ha
puesto en aviso en más de una ocasión la Fiscalía
anticorrupción.
Las
transferencias de financiación son mecanismos previstos
en nuestra legislación presupuestaria, aprobados en las leyes
de presupuestos y empleados por todas las administraciones públicas.
Tan legales son que se han usado con regularidad, por poner un
ejemplo, en el cumplimiento de los compromisos de la Junta con las
orquestas andaluzas como la Filarmónica de Málaga.
Cuando recientemente se cambió el sistema a la subvención
nominativa, los alcaldes populares de ciudades afectadas y
parlamentarios andaluces del mismo partido, pidieron que se
reconsiderase la decisión, puesto que el nuevo modelo hacía
más farragosa la gestión y ponía en riesgo el
buen funcionamiento de las orquestas. En el consorcio de la
Filarmónica de Málaga, institución pública
participada al cincuenta por ciento por Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de Málaga, las cuentas anuales y el gasto que
comporta su funcionamiento vienen siendo fiscalizadas por un
interventor de la Administración andaluza. Este ejemplo, como
otros muchos similares, vienen a demostrar que el sistema es legal,
tiene como finalidad ganar agilidad en la gestión y está
sometido a controles públicos.
En
las transferencias de financiación frente al sistema de
subvenciones se trata de elegir entre el control previo del gasto,
con un procedimiento más garantista y por tanto más
lento en su tramitación, y el control posterior, que facilita
la rapidez y agilidad en la toma de decisiones. Ambas alternativas
son legales y posibles, del buen o mal uso deberán responder
quienes gestionan cada decisión administrativa de ejecución
del dinero presupuestado. Perseguir a los que hicieron las leyes y a
servidoras públicas honestas como Magdalena Álvarez,
por elaborar los presupuestos pensando en atender urgentemente las
necesidades de trabajadores de empresas en situaciones difíciles,
en lugar de centrar el esfuerzo en quienes abusaron del sistema para
llevarse el dinero, puede parecer dicho sea con todo respeto, errar
el tiro. Juzguen ustedes mismos, con justicia, rigor y serenidad.
Publicado en La Opinión de Málaga el 3 de abril de 2014.
