CUI PRODEST

Existe un principio jurídico de origen en el Derecho Romano, según el cual para determinar la autoría de un crimen resulta esclarecedor preguntarse cui prodest, ¿a quién beneficia?. Séneca lo expresaba con certeza en su Medea, “cui prodest scelus, is fecit”, aquél a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido.
       En estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir, se está cometiendo delante de nuestras narices un crimen contra el Estado social. El que construimos entre todos como modelo democrático de convivencia en la Constitución, tras cuarenta años de opresión y atraso respecto al resto de Europa. Se nos cuenta que todas las medidas que se están tomando son por nuestro bien, que tenemos que hacer un esfuerzo para sanear la economía del país y recuperar la senda del crecimiento y la creación de empleo. En definitiva, que todos los sacrificios que se nos piden son en nuestro beneficio.

          En busca del equilibrio del presupuesto, el Gobierno aumenta la presión sobre las rentas del trabajo, sube el IVA e incrementa las retenciones a los profesionales. Existen medidas alternativas como perseguir eficazmente el fraude fiscal, el de las grandes fortunas y las grandes corporaciones, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, el aumento de la fiscalidad más sobre los que más tienen y la lucha contra la evasión de capitales.Pero esta elección supondría repartir las cargas de la crisis con más justicia y seguramente no resultaría beneficiosa para los poderes económicos.

        Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que ahora toca reducir el tamaño de nuestros ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamento, servicios públicos, de nuestra democracia. Sin embargo, no he escuchado a nadie decir que tenemos parroquias y curas por encima de nuestras posibilidades. La Iglesia es la gran ausente en los recortes de este Gobierno de la derecha ultracatólica. No estaría de más que soportara cristianamente parte del esfuerzo que se nos pide a todos, pagando el IBI como todos los ciudadanos y reduciendo la aportación del Estado al mantenimiento de su estructura. Hay que recordar que la aportación de la Iglesia a la encomiable labor social de las Caritas Diocesanas no llega al 5%, el resto de la financiación de sus programas de atención a los que más sufren la crisis se reciben de las diferentes administraciones. Pedir un esfuerzo solidario a la Iglesia seguramente no sería beneficioso para la jerarquía eclesiástica.

         Se recorta la joya de la corona del Estado de bienestar español, nuestro sistema de salud que garantiza prestaciones universales de alta calidad a costes más que razonables. Un modelo sanitario que ha favorecido la alta cualificación de nuestros profesionales de la medicina. Una salud para todos que favorece que la investigación biomédica sea una realidad pujante en España. Y se recorta bajo la capa que todo lo tapa de la “inviabilidad financiera”. Pues bien, también en esto hay alternativas y desde Andalucía marcamos camino. El Gobierno de la izquierda de Pepe Griñán planteó una subasta de medicamentos para reducir costes sin mermar calidad en la atención sanitaria. Pero esta medida chocó con la oposición frontal del Gobierno de Rajoy, tal vez por no ser beneficiosa para la industria farmacéutica.

           Se nos plantea la necesidad de rescatar al sector financiero, sanear bancos y cajas de ahorros para que fluya el crédito nuevamente a empresas y familias y la economía funcione de nuevo. Un rescate a un sector donde descubrimos de la noche a la mañana que Bankia no tenía los millonarios beneficios que decía, sino que era un profundo agujero negro que crecía a medida que íbamos sabiendo más sobre su nefasta gestión, sin exigir responsabilidades a sus gestores. Es hora de plantearse seriamente inyectar dinero con la garantía de todos para sanear la banca española, pero hacerlo pasando por rescatar a la gente de la losa insoportable que suponen sus deudas hipotecarias que no pueden pagar por la pérdida de su trabajo. Pero pedir responsabilidades a los gestores de las entidades financieras y rescatar a las personas antes que a los bancos, seguramente no sería beneficioso para los poderes financieros.

       La próxima vez que le anuncien medidas contra la crisis, pregúntese cui prodest, a quien benefician, si ninguna de ellas va encaminada a defender la protección del Estado de bienestar, si ninguna de ellas tiene como finalidad reactivar la economía y crear empleo, desconfíe y sospeche mucho. Alguien le está robando el futuro, el suyo y el de sus hijos.

Publicado en La Opinión de Málaga el 10 de octubre de 2012.