En el Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro
de la Unión Europea en 2030 presidido por Felipe
González, se alertaba sobre el fenómeno demográfico del progresivo
envejecimiento de la población y el impacto de esta realidad sobre los sistemas
sanitario y de protección social. En el Libro Blanco elaborado en 2004 se
apuntaba la necesidad de implantar un Sistema Nacional de Dependencia para una
mayor racionalización del gasto sanitario. Los informes de la OCDE sobre la
materia van en la misma línea argumental, indicando que la carencia de un
sistema de atención a las personas dependientes supone un coste de oportunidad
considerable, por la presión de las necesidades asistenciales de este colectivo
sobre los sistemas nacionales de salud.
Atender a las personas
en situación de dependencia no es una opción sino una necesidad de primer
orden. El factor que más influye en que una persona pueda ser dependiente es la
edad y nuestra demografía muestra que somos un país con una población mayor de
65 años muy numerosa, a la que no podemos abandonar a su suerte.
La puesta en marcha nuestro sistema público para atender a este
colectivo especialmente vulnerable y a sus familias, en aplicación de la Ley de Dependencia que entró en vigor
en enero de 2007, supuso un avance para la sociedad española en la línea de los
países de la Unión Europea de cara a la construcción del denominado cuarto
pilar del Estado de bienestar. El balance de la implantación del sistema
podemos calificarlo de positivo. Los datos cuantitativos son elocuentes, más de
724.000 personas dependientes atendidas, sobre todo personas mayores de 65
años, de ellos el 74% mayores de 80 años y tres cuartas partes mujeres; 150.000
nuevos empleos directos y 50.000 indirectos, convirtiéndose en uno de los
motores del cambio hacia una nueva economía sostenible. En lo cualitativo hemos
pasado de un modelo asistencial a un sistema de derechos, más profesionalizado
y de calidad; hemos logrado una armonización de la atención a las personas
dependientes, con independencia del territorio de residencia; y finalmente, el
sistema ha sido capaz de atender a las personas en todos los entornos, rurales
y urbanos.
Todo esto está en grave
griesgo hoy con los recortes en la financiación del sistema por parte del
Gobierno de España, que vienen a comprometer seriamente el futuro de la
atención a las personas dependientes. El Ministerio de Ana Mato se retira del compromiso de financiar su 50% del sistema,
obligando a las Autonomías como Andalucía a sostener con su propio presupuesto
el 76% de los costes de su mantenimiento. Los recortes de Rajoy suponen
disminuir drásticamente la cuantía de prestaciones, reducir la capacidad de
sostener financieramente el sistema para los que tiene sus prestaciones
reconocidas y la paralización de la aplicación de la Ley para el colectivo de
personas con Grado I dependientes moderados.
Es una infamia
abandonar a su suerte a los miles y miles de personas dependientes y sus
familias. Dejar de atender a una población que a medida que pasen los años, si
mantenemos la esperanza de vida actual, se incrementará notablemente. Personas
vulnerables que dependerán de su posición socioeconómica para saber si vivirán
su vejez dignamente o no. Tanto tienes tanto vales. Tanto tienes tanto te vales
de alguien para que te atienda cuando tú ya no puedes.
Pero además de ser una
infamia, estos recortes no son nada inteligentes. Son inútiles porque lejos de
ahorrar gasto público incrementan los costes de la atención sanitaria y son
ineficientes porque destruyen empleo estable de calidad en un sector de
actividad no deslocalizable. Según un reciente estudio de Antares Consulting
actualmente existen 5.281 camas en hospitales generales de agudos dedicadas a
pacientes que podrían beneficiarse de una atención alternativa de carácter
sociosanitario, lo que supondría un ahorro de 1.500 millones de euros anuales
para el Sistema Nacional de Salud. En materia de empleo, en el último dictamen
del Observatorio de la Dependencia, se estima que si el Estado mantuviese sus
compromisos de financiación sin recortes se podrían crear 55.000 empleos
nuevos. Hay que tener en cuenta que por cada millón de euros invertidos en
dependencia se crean 30 puestos de trabajo estable, frente a los 17 de la obra
pública. De cada euro invertido en dependencia el Estado recupera 40 céntimos
por la vía fiscal y de cotizaciones sociales. Por tanto estamos ante medidas
poco inteligentes para la economía. Nos gobiernan contables sin alma y bastante
incompetentes.
Se hace en definitiva
necesario un debate riguroso y serio sobre la Ley de Dependencia. Sin duda hay
aspectos de la gestión que podemos y debemos mejorar, pero el balance ofrece
más aspectos positivos de cara al futuro que las dudas que pueda plantear. Todos
somos dependientes, estamos vinculados unos con otros en una interdependencia
social, económica y política. Merece la pena hacer un esfuerzo colectivo como
sociedad, para defender la atención solidaria a estas personas en condiciones
de igualdad, para protegerlas ante la caprichosa lotería de la adversidad de la
que todos podemos llevar algún número aunque todavía no lo sepamos.
Publicado en Publicoscopia el 29 de agosto de 2014.
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